Nuevas formas encubiertas de privatización de la industria petrolera: la captura de la renta
3
agosto, 2022
Vientos
nacionalistas en la gestión petrolera y eléctrica en los 70´s
La
empresa pública, que administrarÃa la industria petrolera en toda su cadena de
valor, surge en Ecuador en 1970, durante el gobierno del General Guillermo
RodrÃguez Lara, cuyo gobierno fue el resultado de un golpe militar. Inicialmente
se presentó como parte de una tendencia progresista moderada, "nacionalista
y revolucionario" cuyo objetivo era controlar e invertir los cuantiosos
ingresos producidos por la exportación de petróleo puesto que a nivel mundial se
presentaba una grave crisis energética.
Para la gestión de la
industria petrolera, en 1972 se creó la Corporación Estatal Petrolera
Ecuatoriana (CEPE), la que construyó gran parte de la actual infraestructura
petrolera, lo que permitió descubrir más campos petroleros y producir, exportar
crudo, refinar, transportar y comercializar sus derivados. CEPE compró las
acciones de Gulf y, posteriormente, se convirtió en el socio mayoritario del
consorcio CEPE-Texaco.
En
1973, se dicta la nueva Ley Básica de Electrificación, en la que se reconoce a
INECEL como persona jurÃdica de derecho público, con patrimonio y recursos
propios, y con autonomÃa económica y administrativa, con la finalidad de que el
Instituto pueda desarrollar el Programa de Electrificación Nacional.
En este periodo, en el paÃs se levantó la tesis de la nacionalización del
petróleo, pues la empresa Texaco-Gulf, de origen norteamericano, aún tenÃa bajo
su dirección operaciones de exploración y explotación de los campos petroleros.
Para recordar podremos señalar que la confirmación
de la existencia de petróleo crudo en el Ecuador, se dio en 1911 con la
perforación del primer pozo Ancón 1, en la penÃnsula de Santa Elena, y,
más tarde, en 1967, con la perforación del pozo Lago Agrio 1, en la Amazonia
ecuatoriana, a cargo de la operadora Texaco - Gulf.
La creación de CEPE conllevó
los siguientes hitos:
·
El Estado ecuatoriano realizó la primera exportación de
petróleo desde el puerto de Balao.
·
Se estableció que los contratos petroleros podÃan durar un
máximo de 20 años y su extensión se fijó en 200.000 hectáreas (las concesiones
anteriores eran por 50 años).
·
Se revisaron las concesiones a compañÃas extranjeras y se
establecieron condiciones mucho más ventajosas para el paÃs.
·
Se fortaleció la administración de la empresa estatal CEPE.
·
Se inició la construcción de la RefinerÃa Estatal de
Esmeraldas.
·
Se adquirió la participación de la Gulf, en su consorcio con Texaco,
y se revirtió al Estado la concesión de la Anglo.
·
Se capacitaron en Colombia y a México a los futuros operadores
de la RefinerÃa Esmeraldas y de la Planta de Gas de Shushufindi.
En
1976, el Frente Patriótico por la Nacionalización del Petróleo, durante el
gobierno de RodrÃguez Lara, impulsó la nacionalización del petróleo, sin
indemnizaciones a la Texaco Gulf y realizó reformas a la Ley de Hidrocarburos. En
esta gesta social, participaron estudiantes universitarios de la Escuela de
GeologÃa, Minas y Petróleos, de la Universidad Central, de la ESPOL, rectores
de diversas universidades y un conjunto de organizaciones sociales y sindicales
del paÃs.
Inicios del modelo
neoliberal: Febres Cordero y Durán Ballen
En la década de los
ochenta Ecuador estuvo administrado por tres gobiernos, durante un perÃodo de
recesión mundial, catástrofes naturales, inflación y restricciones a la
inversión pública. Febres Cordero propuso, como modelo de gobierno, la
“economÃa social de mercado” que solucionarÃa el “desastre nacional” provocado
por el gobierno anterior.
Reformuló el proyecto
oligárquico con uno de modernización neoliberal, bloqueando asà el modelo
desarrollista del Estado y para ello entroncó su propuesta con las visiones
neoliberales vigentes en los años ochenta, iniciada con Ronald Reagan. Se
instauró un gobierno de empresarios, quienes, a decir del gobierno estaban preparados
para manejar la economÃa.
Las divergencias entre
los inversionistas extranjeros y los paÃses receptores de capital debÃan
resolverse en un nuevo tribunal creado por el Banco Mundial, el Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
Ecuador fue uno de los primeros seis paÃses en adherir a este centro.
El gobierno
socialcristiano transfirió las operaciones de exportación al sector privado y
optó por facilitar la inversión de riesgo para intensificar la extracción; se
reformó la Ley de Hidrocarburos para permitir que una misma compañÃa se le
adjudique más de un bloque, lo que habÃa sido prohibido por RodrÃguez Lara.
Durante el gobierno de Sixto
Durán Ballen se impusieron los lineamientos del Consenso Washington. Se creó el
Consejo de Modernización del Estado (CONAM) para establecer mecanismos de
privatización de las empresas públicas, promover la inversión extranjera,
liberalizar el comercio, flexibilizar las leyes de trabajo y reducir el tamaño
del Estado. El control de este proceso fue asumido por el capital financiero
criollo y se expide la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y
Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada.
Las artificiosas justificaciones
para privatizar las empresas y servicios públicos se debÃa a la crisis
económica que no podÃa ser solucionada y, por tanto, mantener las empresas y
servicios públicos se habÃa convertido en una dura carga económica para los
ecuatorianos; por tanto, era ineludible entrar en un proceso de privatización
y concesión de servicios para atenuar el peso económico sobre el Presupuesto General
del Estado y contar
con recursos financieros que permitan atender las más apremiantes demandas de
los sectores sociales más postergados.
El
art. 1 de la mencionada Ley, establecÃa los procedimientos para llevar a efecto
el proceso de modernización del Estado, entre ellos la “desmonopolización, privatización
y delegación de servicios públicos a la iniciativa privada”. En materia
petrolera, se realizaron reformas a la Ley de Hidrocarburos, que afectó el financiamiento
de las empresas públicas debido a que la participación del Estado en los
ingresos petroleros sufrió una reducción del 90% al 33%, en el mejor de los
casos.
Las
polÃticas neoliberales del gobierno de Durán Ballén, que incluÃa las centrales
hidroeléctricas, la industria petrolera y el IESS, debieron enfrentarse a la
Coordinadora de Movimientos Sociales, constituida en 1996: En ella confluyen
los sindicatos petroleros, del IESS, de la energÃa eléctrica, las
organizaciones campesinas e indÃgenas y organizaciones de derechos humanos,
diversos sectores sociales de base y eclesiales.
Con la decisión de
profundizar el modelo neoliberal e incorporar, en la Constitución, normas para
viabilizar las privatizaciones, se llamó al pueblo ecuatoriano a una Consulta
Popular que se realizó
el 26 de noviembre de 1995. La participación de las organizaciones
sindicales del sector petrolero, eléctrico y del seguro social, entre otros,
determinó que
los resultados de la Consulta Popular fueran negativos para las pretensiones
del gobierno.
Se recupera la soberanÃa
nacional: Rafael Correa
El 2006, la figura
contractual en el sector petrolero cambia; se establece la posibilidad de
mantener concesiones siempre y cuando haya una renegociación de los excedentes
petroleros después de pagar la tasa de producción a las empresas privadas. Se
pasa al contrato de prestación de servicios que garantiza para el Estado el
ingreso extraordinario de los excedentes, pero también asume el riesgo de
precios bajos, pues se paga una cantidad fija a las contratistas.
En octubre de 2007, el
presidente Rafael Correa, mediante Decreto Ejecutivo 662, eleva a 99% el margen de participación del Estado en
las ganancias extraordinarias de las petroleras, mismo que, hasta entonces, habÃa
sido el 50%. Un año después se
inicia la construcción de la refinerÃa del PacÃfico en el Ecuador, obra pensada
para garantizar la seguridad energética del paÃs, permitiendo el
autoabastecimiento de derivados del petróleo para cubrir la demanda interna del
paÃs y el desarrollo de la petroquÃmica. Esta obra fue suspendida por el
gobierno de Moreno.
Otra decisión importante
para recuperar la soberanÃa jurisdiccional fue el Decreto Ejecutivo 1823 (2 de julio, 2009), mediante el cual el
Ecuador denuncia y da por terminado su participación en el Convenio sobre el
Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Recordemos que el Convenio
fue suscrito el 15 de enero de 1986, durante el gobierno de Febres Cordero,
lÃder ideológico de la derecha más reaccionaria del Ecuador.
La polÃtica petrolera del
gobierno de la Revolución Ciudadana fue cuestionada en ciertos aspectos, como fue:
la entrega de campos petroleros en producción, como ocurrió con el campo Auca,
que opera la empresa Shaya Ecuador S.A, filial de Schlumberger en Ecuador y la
subsidiaria Rio Napo que opera el campo Sacha; la eliminación de espacios de
representación de las organizaciones sindicales de la empresa estatal de
petróleos; y, la exclusión de profesionales de la categorÃa de trabajadores, amparados
por el Código del Trabajo, con lo que se disminuyó la base social de los
sindicatos del sector público y de Petroecuador.
Nuevas
formas de privatización: Lenin Moreno y Guillermo Lasso
El
gobierno de Lenin Moreno propuso al paÃs, en su plan de gobierno, una gestión
soberana de los recursos estratégicos, esto es mantener la propiedad del Estado
sobre los recursos no renovables y el modelo contractual de prestación de servicios
para obtener una adecuada rentabilidad por los servicios prestados; además de
la consolidación de una moderna institucionalidad de las empresas Petroecuador
y Petroamazonas; propuso, además, continuar con el proyecto de la RefinerÃa del
PacÃfico.
Una vez en el ejercicio
del cargo, la polÃtica de hidrocarburos se orientó en dirección opuesta a las
proclamas de la campaña electoral y buscó la inversión privada para las actividades
petroleras, en vez de fortalecer a Petroecuador, quiso incrementar la
producción a 700 mil barriles diarios, que no logró, eliminar los subsidios a
los combustibles e ingresar al CIADI (arbitraje internacional de controversias).
El
gobierno y sus asesores consideraron que se requerÃa inversión en campos grandes
como Sacha y propusieron cambiar a contratos de participación, en los cuales el
contratista asume los riesgos y costos de exploración, producción y desarrollo,
a cambio del beneficio de una parte de la producción.
Según
el gobierno Petroecuador no podÃa desarrollar proyectos de inversión en el
sector petrolero y la solución era delegar proyectos al sector privado. El 12
julio, 2018, mediante Decreto Ejecutivo 449, se vuelve a los contratos de
participación para la exploración y explotación de petróleo y se establece que
la participación del Estado, en ningún caso, será menor al 12,5% de la
producción total fiscalizada (certificada por el Estado) y con esta decisión
procura atraer la inversión privada.
El
16 de mayo, 2019, mediante Decreto ejecutivo 740, se crea el Comité Coordinador
de Gestión delegada, que se encargarÃa de identificar proyectos para su
ejecución bajo la modalidad de gestión delegada, que podrÃa ser concesión,
asociación o alianza estratégica.
El 1
de octubre de 2019, mediante Decreto ejecutivo 833, decide eliminar los
subsidios de las gasolinas y diésel y establecer nuevos precios de los
combustibles de acuerdo a los mercados internacionales. Esta decisión y la
crisis económica que vivÃa el paÃs levantó a las organizaciones sociales y
pueblos indÃgenas, liderados por la Confederación de Nacionalidades IndÃgenas
del Ecuador (CONAIE), los mismos que protagonizaron protestas entre el 3 y 13
de octubre. El gobierno y la CONAIE llegaron a acuerdos y se derogó el decreto
que eliminaba los subsidios de los combustibles.
El
estallido social pasó, pero la construcción de un gobierno de empresarios
continuó, apegado a un plan de ajuste estructural impuesto por el Fondo
Monetario Internacional (FMI). El gobierno de Moreno desmanteló varias empresas
públicas, impulsó la delegación a la iniciativa privada de la gestión de la
RefinerÃa Estatal de Esmeraldas -una forma encubierta de privatizar la renta
que produce la empresa-; permitió la liberalización de los precios de los
combustibles, la libre importación de gasolinas y gas natural y establece un
sistema de banda de precios.
Casi
al final del mandato de Moreno, el ministro de EnergÃa y Minas, René Ortiz
(abogado de las transnacionales petroleras), solicita al Ejecutivo la aprobación
para iniciar y coordinar la privatización de Petroecuador y la secretarÃa
ejecutiva le responde que se requieren reformas constitucionales y legales,
recordando el artÃculo 313 de la Norma Suprema que determina: El Estado se reserva el derecho de administrar,
regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos.
El gobierno del presidente Guillermo Lasso encuentra al
sector petrolero con vientos a favor para un agresivo proceso de
privatizaciones, y es a través del Decreto Ejecutivo 95, expedido el 7 de julio
2021, que expresa la polÃtica de hidrocarburos del régimen, resumido en:
§ Reformular el modelo de contrato para la
exploración y explotación de hidrocarburos que reduce la participación del
Estado en beneficio de las empresas transnacionales y someternos al arbitraje
internacional (CIADI) para ventilar controversias con las empresas en el
momento en que se da una recuperación importante en el precio internacional del
petróleo.
§ Identificar los campos petroleros, las
refinerÃas, el sistema de transporte, la comercialización internacional de
crudo y derivados, que se van a concesionar a la iniciativa privada.
§ Iniciar, de manera prioritaria e
inmediata, la venta de todas las estaciones de servicios de Petroecuador.
§ La creación de un fondo de
sostenibilidad petrolera supuestamente para erradicar la desnutrición infantil,
y que muy probablemente sirva para beneficiar a los bancos con el pago de
papeles de la deuda externa, lo cual además también es inconstitucional, puesto
que generan pre asignaciones que están prohibidas por el mandato
constitucional.
Para iniciar el proceso de privatizaciones el Decreto 95
determinó que el gobierno presentarÃa las directrices para allanar el camino a
las privatizaciones de todas las actividades de la industria petrolera nacional,
lo cual efectivamente cumplió presentando la denominada Ley Tributaria.
Esta decisión polÃtica privatizadora
de la renta se blinda con la adhesión al CIADI y se amplÃa con la venta de las
gasolineras de Petroecuador, la entrega de infraestructura de transporte y
almacenamiento a petroleras privadas y la expedición de la Ley de Desarrollo
Económico y Sustentabilidad Fiscal tras la pandemia del COVID 19, que introduce
reformas a la Ley de Hidrocarburos, lo cual permite al actual gobierno:
•
Delegar
la exploración y explotación de hidrocarburos, a empresas privadas;
•
Celebrar
Contratos de Participación de bloques en producción, gestionados por la estatal
petrolera;
•
Crear
un fondo de inversión;
•
Refinar
petróleo fuera del paÃs;
•
Cambiar
los actuales contratos de servicios, por Contratos de Participación;
•
Libre
importación de combustibles.
El
presidente Lasso, en el informe a la Nación en el mes de mayo, señaló que las
reformas a la Ley de Hidrocarburos “son las más
avanzada de la región” y los empresarios señalaron que las
reformas dotan del entorno legal propicio para que prospere la inversión y adujeron
que no se estaba privatizando sino modernizando. Ante estas afirmaciones se
debe aclarar lo siguiente: la riqueza de la industria petrolera no está sólo en
los fierros (instalaciones de producción, refinerÃas, infraestructura de
transporte y almacenamiento, etc.); la riqueza se encuentra en la producción
petrolera y es esta actividad la que ambicionan las empresas petroleras
privadas. La disputa siempre ha sido por la renta petrolera.
Las
reformas a la Ley de Hidrocarburos permiten que las empresas transnacionales
operen la industria bajo la figura de concesiones y contratos de participación,
debilitando asà a la empresa pública Petroecuador, ya que todas las actividades
hidrocarburÃferas, es decir que la exploración, explotación, industrialización,
transporte y comercialización, serán entregadas a empresas privadas; lo que
pretende el gobierno es facilitar a los actores privados la captura de las rentas, arrebatando la riqueza petrolera,
que pertenece al pueblo ecuatoriano, y entregándola a los privados.
En
el mes de junio de este año 2022 se produjo un nuevo paro nacional liderado por
la CONAIE, FEINE, FENOCIN, de carácter nacional, con una demanda de 10 temas consideradas
centrales ante la grave crisis económica y social del paÃs, lo cual constituye
un cuestionamiento e intento de detener el avance del proyecto neoliberal. Fruto
de esta protesta se instalaron mesas de diálogo temático que están actualmente
en funcionamiento sin que hayan dado resultados aún.
En estas mesas se están tratando varios
planteamientos relativos a la polÃtica de hidrocarburos del gobierno nacional:
1. Reducción y congelamiento del diésel a $1.50 y gasolina super y eco paÃs a
$2.10, derogar los decretos 1158, 1183, 1054 y entrar en el proceso de
focalización a los sectores más empobrecidos: agricultores, campesinos,
transportistas, pescadores y, 2. Detener la privatización de los sectores
estratégicos (Banco del PacÃfico, Hidroeléctricas, IESS, CNT, carreteras, entre
otras).
PETROECUADOR, la empresa emblemática de los ecuatorianos
La Corporación Petrolera Ecuatoriana (CEPE)
se crea en 1972 con la misión de precautelar los hidrocarburos del suelo
ecuatoriano para convertirlos en un recurso al servicio del desarrollo
económico y social del paÃs; más adelante se creará PETROECUADOR con sus
filiales. La empresa pública ha reflejado altos niveles de cumplimiento de sus
indicadores empresariales y ha recibido innumerables reconocimientos a la
capacidad y solvencia técnica de sus recursos humanos; el actual Gerente
General de Petroecuador ha expresado que PETROECUADOR cuenta con la experiencia
y la capacidad técnica para ejecutar las actividades asignadas por la
Constitución y la Ley, ante la solicitud del ex ministro de EnergÃa y Minas,
Juan Carlos Bermeo, de remitir a este Ministerio un informe motivado respecto a
la definición de los campos de
producción operados por EP PETROECUADOR, a fin de que pasen a ser administrados
por privados bajo la figura de delegación excepcional a la iniciativa privada.
Conclusiones
1.-
En la historia ecuatoriana se observa una permanente pugna entre los sectores
de derecha, con su proyecto privatizador de la industria petrolera para
beneficiarse y favorecer a las empresas privadas, y los sindicatos y
organizaciones sociales de izquierda que lo han impedido y que entienden la
importancia de mantener y fortalecer la empresa nacional cuya gestión de los
recursos petroleros contribuye sustancialmente al desarrollo del paÃs.
2.-
La única propuesta de nacionalización del petróleo, que ha entendido el
carácter estratégico de estos recursos, se produjo en la década de los 70, la
cual estuvo acompañada de amplias movilizaciones sociales y de académicos. Las demás
propuestas han sido privatizadoras de la industria especialmente los gobiernos
de Febres Cordero, Durán Ballén, Moreno y Lasso, las mismas que han querido ser
impuestas mediante reformas legales, pero también con represión a la
resistencia popular levantada por las organizaciones sociales, el movimiento
indÃgena y diversos sectores populares en la última década, cuya resistencia ha
permitido detener los afanes de estos grupos. Aquello permite concluir que la
resistencia popular organizada y unitaria es la única forma de para detener
cualquier afán privatizador de los sectores estratégicos del paÃs.
3.-
La privatización de la industria petrolera es una polÃtica impulsada desde el
FMI, BM, la derecha polÃtica del paÃs y las transnacionales petroleras, como
parte de la aplicación del modelo neoliberal que otorga más réditos a las
enormes fortunas mundiales.
4.
– El
mecanismo de privatización de la industria petrolera (bloques
petroleros, refinerÃas e infraestructura de transporte de
hidrocarburos y sus derivados), plasmado en las reformas a la Ley de
Hidrocarburos, se conoce ahora como captura de la renta que implica
despojar de los ingresos proveniente de la industria petrolera mediante
argucias legales -inconstitucionales y, por tanto, viciadas de nulidad-
conocidas como: monetización, concesiones, delegación a la iniciativa privada
o transformación a sociedad anónima de las empresas públicas. Estas artimañas
buscan despojar de una parte importante del patrimonio nacional que debe
contribuir al desarrollo nacional y el bienestar común.
5.-
Una discusión que está sobre la mesa y, que aún no ha sido resuelta, es la del extractivismo
y las preocupaciones ambientales y culturales de las comunidades y del
movimiento anti extractivista.
COORDINACIÓN
FRENTE
DE DEFENSA PETROLERO ECUATORIANO
Referencia de textos consultados
·
Ley de modernización del Estado. Ley 50,
Registro Oficial 349 de 31 de diciembre de 1993.
https://vlex.ec/vid/ley-50-ley-modernizacion-643461661
·
Weber, Gabriela (2008), Sobre la Deuda IlegÃtima Quito,
Ecuador p.74-84http://diccionario.sensagent.com/Sixto%20Dur%C3%A1n%20Ball%C3%A9n/es-es/
·
Ecuador 1972−1999: Del desarrollismo
petrolero al ajuste neoliberal, Julio Oleas Montalvo 2013 chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/4099/1/TD049-DH-Oleas-Ecuador.pdf
·
50 años, Más producción ahora o nunca
2022, EP Petroecuador
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.eppetroecuador.ec/wp-content/uploads/downloads/2022/07/Libro-EP-Petroecuador.pdf
·
Oficio Nro. MERNNR-2022-0235-OF, del 4
de abril del 2022, del Ministerio de EnergÃa y Minas
·
Oficio Nro. PETRP-PGG-2022-0572-O del
Gerente de Petroecuador
·
Informe 1976-1977 Frente Patriótico por
la nacionalidad del petróleo y demás recursos Naturales. Editorial
Universitaria
Varios
pronunciamientos del Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano. https://www.frentedefensapetrolero-ec.de/
0 Comentarios
Gracias