Desde el gobierno de Moreno, se han expedido Decretos Ejecutivos que han pretendido normar la polÃtica de los hidrocarburos. Se debe recordar el Decreto para la delegación a privados de la gestión conjunta de la RefinerÃa Estatal de Esmeraldas (Decreto 1094, de julio/20), los Decretos 1054, 1158 y 1183, que liberan los precios de los combustibles, permiten la importación de los derivados del petróleo y fijan bandas de precios de los combustibles.
El gobierno del presidente Lasso, en
junio de 2021, emitió el Decreto 95, que establece la PolÃtica de Hidrocarburos
de 100 dÃas, en la que se plantea Reformular el modelo de contrato para la
exploración y explotación de hidrocarburos que reduce la participación del
Estado en beneficio de las empresas transnacionales y, de esta manera, someternos al arbitraje internacional (CIADI)
en caso de controversias; se dispone Identificar los campos petroleros, las
refinerÃas, el sistema de transporte, la comercialización internacional del
crudo y sus derivados, que se van a entregar a la iniciativa privada para
incrementar la producción hidrocarburÃfera, sin mediar ningún sustento técnico,
y se decide Iniciar, de manera prioritaria e inmediata, la venta de todas las
estaciones de servicios de Petroecuador, además de la creación de un fondo de
sostenibilidad petrolera supuestamente para erradicar la desnutrición infantil,
y que muy probablemente servirán
para beneficiar a los bancos con el pago de papeles de la deuda externa, lo
cual además es también es inconstitucional, puesto que generan pre- asignaciones que están prohibidas
por el mandato constitucional.
El gobierno neoliberal
de Moreno, ya venÃa advirtiendo que era indispensable reformas a la Ley de
Hidrocarburos, las mismas que permitan, desde la legalidad, capturar la renta
petrolera, dejando de lado la tesis de “privatización de activos”. Es decir,
que las refinerÃas, los oleoductos, la infraestructura de producción siempre
quedarÃa en manos del Estado, como claramente lo dice el presidente en la
respuesta a las demandas de la CONAIE, “El 17 de junio, el gobierno anunció que
no realizarÃa ni promoverÃa procesos de privatización de activos del Estado en
sectores estratégicos, ni en servicios públicos” (…) “Se buscarán los mejores
mecanismos para lograr la mayor eficiencia en los procesos de delegación de
competencias que requieran la inversión privada”.
Reitero, lo que pretende el gobierno
es la captura de rentas,
utilizando medios lÃcitos, se arrebata la riqueza que pertenece al pueblo y se
la transfiere a los privados, para esto era indispensable las reformas a
la Ley de Hidrocarburos, expedidas el 29 de noviembre del 2022, en la Ley de
Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, que, en resumen, le
permiten al gobierno nacional lo siguiente:
·
El Estado podrá delegar la
exploración explotación de hidrocarburos, a empresas privadas;
·
Se podrán celebrar Contratos
de Participación en bloques en producción, gestionados por la estatal petrolera;
·
Se crea un fondo de
inversión
·
La refinación de petróleo
puede ser industrializada fuera del paÃs;
·
Los actuales contratos de
servicios, pueden ser cambiados a Contratos de Participación;
·
Se permite la libre
importación de combustibles.
Desde la opinión de los empresarios,
se ha señalado que las reformas dotan del entorno legal adecuado para que
prospere la inversión y aclaran que no se permite la privatización, sino la
modernización. Ante estas afirmaciones de los empresarios, analistas petroleros
y gobierno, se debe aclarar: La riqueza de los hidrocarburos, no
está en los fierros (instalaciones de producción, refinerÃas, infraestructura
de transporte y almacenamiento, etc.); la riqueza se encuentra en la producción
petrolera. La disputa siempre ha sido la renta petrolera.
Se puede concluir que, es indispensable, más
allá de derogar el Decreto Ejecutivo No. 95, que definió la polÃtica petrolera
del gobierno de Lasso, y que se trata de un conjunto de disposiciones
administrativas sin la fuerza de una Ley y que, para evitar la entrega de la
riqueza petrolera a grupos económicos vinculados a las trasnacionales y
capitales financieros internacionales, es indispensable, las siguientes
acciones:
1.
La derogatoria de los arts. 131 al 149 de
la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal,
promulgada el 29 de nov/21, que se refieren a las reformas a la Ley de
Hidrocarburos.
2.
La denuncia y terminación del Convenio
sobre el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por su evidente
inconstitucionalidad y por ser enormemente perjudicial para el paÃs.
3.
La suspensión de todo tipo de transferencia
de Contratos de Prestación de Servicios para la Exploración
y/o Explotación de Petróleo, a Contratos de Participación.
4.
La no privatización de los sectores
estratégicos, que, utilizando figuras como “Administración delegada”,
“Delegación a la Iniciativa Privada” y otros artificios similares, que son
formas encubiertas de privatización, y que, efectivamente, no
transfieren activos, pero se aprovecha, en beneficio de privados, la
renta que produce su explotación, para que, al finalizar la concesión o
delegación, se quede el paÃs con pasivos laborales, ambientales y de
infraestructura.
Coordinación
Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano
28 de junio de 2022
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