La Politica Hidrocarburifera Implementada por Moreno y Continuada por Lasso Responde Fielmente al FMI

 

Pronunciamiento del Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano

¨La renta petrolera es del pueblo¨

 

3 de enero de 2022

La política hidrocarburífera implementada por el gobierno de Moreno y continuada por el de Lasso, responde a un objetivo único que es atender los acuerdos suscritos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el capital financiero internacional. Para alinearse a los propósitos fondomonetaristas y neoliberales, se han expedido una docena de Decretos Ejecutivos, algunos de los cuales, mencionamos a continuación:

·         El Decreto 449, de julio del 2018, que retomó la modalidad de contrato de participación y que establece la participación del Estado en un 12,5% de la producción fiscalizada en el área del contrato. En la práctica, lo que esto significa es que, los costos de producción de EP Petroecuador de 17 a 18 US$ por barril de petróleo extraído fueron sustituidos por más de US$40.00 por barril que se pagana las compañías transnacionales.

·         Los Decretos 883, 1054, 1158, y 1183, expedidos entre octubre del 2019 y noviembre del 2020, implicaron una reforma sustancial a los subsidios a la gasolina y al diésel (que, de acuerdo a la explicación de parte de técnicos nacionales, nunca existió tal subsidio) y que ha significado el incremento de los precios al consumidor, así como la liberalización de las importaciones de combustibles. En la liberalización de las importaciones de combustibles, se incurrió en una grosera violación constitucional de artículo 314 y del numeral 15 del artículo 326 de la Constitución de la República, que disponen que, en los servicios públicos, “El Estado dispondrá que los precios y tarifas de los servicios públicos sean equitativos, y establecerá su control y regulación”. Estas competencias son indelegables al sector privado. Para tener legalidad, se debería hacer una reforma constitucional.

·         El Decreto 1094 de julio del 2020, que dispone la delegación a la iniciativa privada de la “gestión conjunta” de la Refinería Estatal de Esmeraldas. Sin embargo, esta figura jurídica no existe en la Legislación Ecuatoriana, y además, hay una violación constitucional de la Sentencia de Corte Constitucional No. 001-12-SIC-CC, CASO No. 0008-10-IC, del 5 de enero de 2012 que, en resumen, dispone como materia reservada a la Función Legislativa lo siguiente: 1) Definir la competencia del órgano que permite autorizar la delegación a la iniciativa privada de la gestión de los sectores estratégicos y/o la prestación de los servicios públicos; 2) Definir los casos de excepcionalidad en los que se aplicaría dicha delegación, para los cuales se estableció que sean definidos en leyes específicas de cada sector estratégico; y 3) Definir el procedimiento para proceder con dicha delegación.

El Decreto 1094 solo cumplió con el punto 1, pero les faltaron los dos restantes. Adicionalmente, y de acuerdo con la misma Sentencia de  Corte Constitucional, se debió cumplir, con los siguientes requisitos y  no se lo hizo: a) Documentar las razones por las que la empresa pública no podía realizar lo que se quería delegar; b) Documentar todas las gestiones realizadas para conformar empresas mixtas, en las que el Estado sea accionista mayoritario; y, c) Luego de agotados estos procesos, recién entonces, se podía iniciar un proceso que cumpla con los casos de excepcionalidad definidos en la Ley.

Para tener legalidad se debió cumplir con lo señalado en la Sentencia de Corte Constitucional que se ha mencionado o realizar una reforma constitucional.

El 7 de julio pasado, el gobierno actual, mediante el Decreto Ejecutivo 95, expidió un plan de acción para privatizar la industria petrolera ecuatoriana y trasladar la renta petrolera a empresas privadas especialmente a las empresas extranjeras, violando así las disposiciones constitucionales que determinan que los recursos naturales no renovables son propiedad inalienable, irrenunciable e imprescriptible del Estado Ecuatoriano:

·         Reformula el modelo de contrato para la exploración y explotación de hidrocarburos que reducen la participación del Estado en beneficio de las empresas;

·         Somete al Estado al arbitraje internacional (CIADI) en caso de controversias, incurriendo en una violación constitucional de los artículos 418 y 419 de la Constitución de la República, tema sobre el que también existen Acciones de Inconstitucionalidad, que esperan resoluciones.

·         Identificar los campos petroleros en producción más rentables para el país, así como las refinerías, el sistema de transporte, la comercialización internacional del crudo y sus derivados, que se van a entregar a la iniciativa privada, incurriendo en la violación constitucional de la Sentencia de Corte Constitucional No. 001-12-SIC-CC, CASO No. 0008-10-IC, del 5 de enero de 2012, ya mencionada para el caso del Decreto 1094.

·         Incremento de la producción petrolera, a 1 millón de BPD, sin ningún sustento técnico ni económico; y

·         Venta de todas las estaciones de servicios de Petroecuador, autorizada mediante decreto sin cumplir con los requisitos de los documentos de soporte que la justifiquen.

Estas decisiones del gobierno actual, requerían reformas legales que se tramitaron en la Asamblea Nacional a través del proyecto de Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, tras la Pandemia Covid-19, y que fueron publicadas en el Registro Oficial del 29 de noviembre del 2021, como Decreto de Ley y que es conocida como la Ley Lasso. Allí se introdujeron reformas a la Ley de Hidrocarburos que “permitirían” al gobierno de Lasso implementar su proyecto privatizador, tal como lo definió, sin una sola modificación.

Sin embargo, la Ley Lasso no es suficiente para los intentos privatizadores del actual gobierno, ya que aún quedan por subsanar las violaciones constitucionales en las que se ha incurrido. Una Ley no puede contradecir a la Constitución de la República, los recursos naturales no renovables son de propiedad imprescriptible del pueblo ecuatoriano, por lo que, todos los involucrados en este caso, tendrán que responder ante la justicia.

Hace pocos días, el 27 de diciembre de 2021, el gobierno actual expidió el Decreto 302 que, en su artículo 1, resuelve: “Delegar al Ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, la suscripción de todos los Actos Administrativos, necesarios para la autorización del ejercicio de las actividades de industrialización de hidrocarburos, de conformidad a la normativa vigente”. Este Decreto también incurre en la misma violación constitucional señalada para el Decreto 1094 de incumplimiento de la Sentencia de la Corte Constitucional No. 001-12-SIC-CC, CASO No. 0008-10-IC, del 5 de enero de 2012.

 

Ante esta realidad, el Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano, exhorta a las organizaciones sociales y politicas del país, a levantar acciones de lucha unitaria, democrática y permanente hasta derrotar la política neoliberal de privatizaciones, no solo de la industria petrolera, sino de la eléctrica, de las telecomunicaciones, de la banca, de la seguridad social, de los ferrocarriles, por lo que se permite expresar lo siguiente:

·         Fortalecer la organización de la Coordinadora de Defensa de los Bienes Públicos, que se creó el 12 de agosto del 2021 con la participación de diversas organizaciones del sector energético del país, para la lucha activa contra la entrega de la renta petrolera y de los bienes públicos a intereses privados.

·         Procurar la incorporación en esta lucha a otros sectores afectados por los procesos de privatización, con la finalidad de organizar una plataforma que pueda trabajar en unidad de acciones.

·         Realizar todas las acciones legales que sean necesarias ante la Corte Constitucional del Ecuador, para lograr sentencias favorables en las demandas presentadas por diversas organizaciones sociales, asambleístas y personas naturales para que se declare inconstitucional en la forma y en el fondo la adhesión al convenio CIADI, así como en todas las violaciones constitucionales señaladas en este documento.

·         Exhortar al movimiento sindical, de profesionales, a la academia que tienen relación con los sectores afectados por los procesos de privatización a desarrollar acciones desde sus organizaciones y en convergencia con las organizaciones que están accionando contra este modelo económico de expropiación de la renta del pueblo.

·         Agradecer a la ciudadanía del país, migrantes y ciudadanos de otros países, organizaciones sociales, sindicales, de profesionales, políticas, sacerdotes, medios de comunicación alternativos, intelectuales, académicos, organismos internacionales, autoridades en funciones y ex autoridades que se han alineado en las diversas jornadas de lucha, invitándoles a no claudicar y brindar todo el apoyo que demanda esta lucha histórica por la defensa de la dignidad y de los derechos.

 

¡No a la venta de los recursos naturales, que son del pueblo!

¡Unidad de todos los sectores afectados por la política neoliberal!

Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano