5 de julio 2021
El Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano y las organizaciones sindicales, sociales que suscriben el presente comunicado se pronuncian en contra de las políticas privatizadoras, que bajo el pretexto de “desmantelar al Estado empresario” el gobierno del presidente Guillermo Lasso, ha manifestado su intención de aplicarlas, continuando así la política implementada por el ex presidente Lenin Moreno y exigimos:
1. Derogatoria de los Decretos Ejecutivos, que liberalizan los precios de los combustibles:
- Decreto Ejecutivo 1054, expedido el 19 de mayo del 2020, que liberaliza precios de combustibles.
- Decreto Ejecutivo 1158, expedido el 24 septiembre 2020, mediante el cual se autoriza a la empresa privada a importar libremente gas industrial, gasolinas, gas natural, diésel, jet fuel, avgas, y que expresa una abierta violación a los artículos 313, 314, 315 de la Constitución de la República y los artículos 11, 68 y 69 de la Ley de Hidrocarburos.
- Decreto Ejecutivo 1183, expedido el 4 de noviembre del 2020, que reforma el Reglamento de Regulación de Precios de Derivados de Petróleo, mediante el ajuste del sistema de banda de precios, para recoger las fluctuaciones de los mercados internacionales para los combustibles.
2. Derogatoria del Decreto Ejecutivo 1094, del 10 julio 2020, mediante el cual se autoriza la delegación a la iniciativa privada de la “gestión conjunta” de la Refinería Esmeraldas con EP Petroecuador; que constituye una forma de privatizar la renta que produce la Refinería Esmeraldas, e infringe los artículos 313, 315 y 316 de la Constitución de la República del Ecuador.
3. Revisar las concesiones realizadas en los campos de producción, que se han ejecutado bajo distintas denominaciones, pero que en definitiva constituyen entrega de activos estatales para la administración o inversión privada a cambio de una tarifa. La alternativa técnicamente viable y financieramente sostenible es la administración de los campos por parte del Estado, potencializando la mano de obra nacional y gestionando Petroecuador con autonomía financiera, económica, administrativa y de gestión y con altos parámetros de calidad, criterios empresariales, económicos, sociales y ambientales.
4. Rechazo al Dictamen 5-21-TI/21 de la Corte Constitucional del 30 jun/21; que expresa: “El Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados (CIADI), no requiere de aprobación legislativa, previo a su ratificación”. Con esta decisión el gobierno nacional facilita el camino de las privatizaciones de los activos públicos y complace los intereses de grandes corporaciones transnacionales.
Finalmente, exhortamos:
- A la Asamblea Nacional, a fiscalizar los actos de la función Ejecutiva, y particularmente la adhesión al CIADI y el proyecto privatizador de los sectores estratégicos del país, que pretende implementar el gobierno nacional y que convoque a las organizaciones sociales, sindicales, gremiales, académicas y productivas del pais para encontrar alternativas que respetando la Constitución, el interés público, que sean opciones viables empresarial, económica social y ambientalmente.
- A construir un Bloque de Resistencia contra las Privatizaciones, de las empresas e instituciones del Estado, en el marco de una amplia unidad de las organizaciones sindicales y sociales y de los actores políticos patrióticos y progresistas.
Enlace de adhesión al “pronunciamiento”
https://forms.gle/zuo76ihvbDxcrcGn7
