Las organizaciones y personas naturales firmantes de este acuerdo, conscientes de los difíciles momentos por los que atraviesa el Ecuador, azotado por una pandemia que se ha llevado la vida de miles de compatriotas y ha deteriorado la economía nacional, ya golpeada por un manejo histórico de los recursos naturales que privilegia el negocio particular sobre el bien común; acordamos la constitución de la Coordinadora por la Defensa de los Bienes Públicos, cuyos objetivos principales son los siguientes:
- Mantener una lucha activa contra la entrega de la renta petrolera nacional a intereses privados y de manera particular, contra la implementación del Decreto Ejecutivo Nro. 95, del 7 de julio de 2021, mediante el cual se delinea la política de privatización de los campos e infraestructura hidrocarburífera del Ecuador.
- Mantener una rotunda oposición a la entrega, venta, concesión y cualquier otra figura usada para privatizar las empresas estatales del sector energético. Históricamente, se ha demostrado con cifras que su aplicación ha significado para el Estado: menos renta de la que recibe al operar de manera directa dichas empresas.
- Desarrollar estudios y análisis que, bajo la luz de la ciencia y la tecnología, contribuyan a la discusión nacional y la definición o redefinición de las políticas públicas en materia de energía y recursos naturales no renovables, en beneficio del Ecuador.
- Exigir al Gobierno Nacional que sus políticas públicas en materia de energía y recursos naturales no renovables, como la delineada en el Decreto Ejecutivo 95 y otras que se emitieran en el futuro, tengan un sustento tanto jurídico, en apego a la Constitución y las leyes pertinentes, como también científico, técnico y económico que evidencie con cifras los beneficios para toda la población ecuatoriana, dueña legítima de los recursos.
- Exigir al Gobierno Nacional que respete su juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República y de manera especial el Artículo 315 de la Constitución de la República, que otorga autonomía administrativa y financiera a las empresas públicas.
- Exigir al Gobierno Nacional que en la selección de su equipo de gestión gubernamental, y de manera especial en los sectores energéticos, seleccione a los mejores y más probos técnicos ecuatorianos, a fin de erradicar la corrupción en las empresas estatales, que según lo demuestran los procesos judiciales que son de conocimiento público, ha sido siempre orquestada por funcionarios de libre remoción e incluso altas dignidades del Estado nombradas por los mismos gobiernos.
- Iniciar las acciones legales a las que hubiere lugar, para derogar el Decreto Ejecutivo 95, que viola la Constitución de la República y las leyes del sector hidrocarburífero.
- Rechazar la adhesión del Estado ecuatoriano al CIADI, como mecanismo de solución de controversias en contratos suscritos con compañías internacionales. Esta instancia, ya ha causado en el pasado, significativas pérdidas para el erario nacional, además de que es atentatoria contra la seguridad jurídica del Estado y en ningún país del mundo se ha demostrado su beneficio para los países suscriptores.
- Exigir que se dé preferencia a los trabajadores ecuatorianos en los proyectos que se ejecutan en el sector de la energía, incluyendo técnicos y mano de obra especializada, dando cumplimiento a la Ley del Ejercicio Profesional de la Ingeniería.
- Exigir respeto a la carrera profesional de los trabajadores en las empresas públicas y a al derecho de libertad sindical, a través del reconocimiento de todas las organizaciones de los trabajadores y respeto a su vida jurídica.
- Exigir al Gobierno Nacional el aprovechamiento del gas asociado de petróleo de los campos ubicados en la Amazonía ecuatoriana, con la instalación de sistemas de generación eléctrica a gas y plantas de procesamiento para su industrialización, así como repotenciando la planta de procesamiento de Shushufindi, acciones que evitaría la quema indiscriminada y desperdicio de este importante recurso.
- Exigir al Gobierno Nacional que los recursos provenientes de préstamos de derechos especiales de giro se inviertan en las necesidades de desarrollo nacional y en beneficio de los sectores más vulnerables.
- Exigir la derogatoria de los decretos 1054, 1158 y 1183 que liberaron los precios de los combustibles, ya que se ha demostrado que el balance final de la producción, importación y exportación de derivados arroja utilidad al estado, contrario al discurso de subsidio que se ha mantenido en la opinión pública.
Esta
plataforma será ejecutada por todas las organizaciones participantes, y
aquellas que se sumaren en el futuro para la consecución de los objetivos;
siempre bajo el principio de la estricta igualdad de sus participantes y la
búsqueda del consenso como táctica de unidad.
Las organizaciones que conforman la Coordinadora, delegarán a una persona para integrar su cuadro directivo, que a su vez seleccionará a los voceros de la organización.
Dado
en la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de agosto del 2021.
David
Almeida
Secretario
General
Asociación
de Trabajadores de la Energía y Petróleo (ANTEP)
Jorge Cáceres
Frente
de Defensa del Petróleo
Gabriel García
Secretario
de Comunicación
Comité
de Empresa de la Eléctrica Quito
Fernando
Reyes
Vicepresidente
Colegio de Ingenieros Geólogos, de Minas, Petróleos
y Ambiental
